Civil: se dirige contra la empresa, busca la devolución del dinero y anulación de cláusulas abusivas.
Penal: se dirige contra personas físicas y jurídicas (Carlos de Ory, socios, empresa, etc.), y permite solicitar embargos, penas de prisión y medidas internacionales. Se reclama lo mismo que en la vía civil más la responsabilidad penal.